Rent-a-soldier (y II)

Si hablamos en el contexto de Sierra Leona, nos encontramos con un país que se encontraba inmerso en una brutal lucha interna. Donde las peores consecuencias las padecían los civiles y especialmente los niños y los jóvenes, que eran mutilados (se les cortaba a machetazos uno o dos miembros de su cuerpo, para que en un futuro fueran incapaces de luchar y de vengarse, aunque paralelamente también lo fueran para trabajar). Un país sobre el que no parecía haber ningún interés en ser rescatado de tanta atrocidad, tanto por los países desarrollados como por la misma ONU. Y resulta que una empresa privada bajo contrato realiza el trabajo sucio que nadie quiere hacer, demostrando ser demoledoramente efectivos, y es en ese momento cuando al resto del mundo recibe esto como una bofetada mulera, y se deciden a intervenir llevados por el pánico al tremendo poder que pueden llegar a tener estas empresas si con sólo 120 hombres son capaces de invertir el desarrollo de un conflicto.



Si vemos el asunto desde el punto de vista humanitario, esta intervención detuvo en gran medida las matanzas y las mutilaciones, y detener actos tan atroces siempre es algo plausible, aunque ello se hiciera por dinero. Pero si se mira más en profundidad se puede llegar a conjeturas que podrían ser alarmantes. Por ejemplo, ¿quiere esto decir que cualquiera podría disponer de un ejército siempre que dispusiera del dinero para pagarlo? Los narcotraficantes colombianos ya lo hacen para proteger sus plantaciones y centros de producción, y les va bastante bien con el arreglo. Además, no estamos hablando de simples soldados, hablamos de profesionales con una preparación que iguala o supera a los cuerpos de élite más consumados de los ejércitos más importantes del mundo, que cobran sueldos bastante buenos y además les gusta su trabajo. ¿En base a qué ética se rigen? Seguro que algunas de estas empresas rechazan ofertas por parecerles inmorales, pero también es seguro que por cada una de ellas que tenga un cierto nivel de ética, habrá otra que esté dispuesta a lo que sea por dinero. ¿Quién pone límite al arsenal al que pueden acceder? ¿Podrían llegar a tener armas biológicas o incluso atómicas? ¿Qué pasaría si, tal como se presenta la tendencia actual, continuaran creciendo hasta alcanzar la eficacia y potencia de los grandes ejércitos nacionales?. Toda la serie de nuevas relaciones que se crean puede cambiar el concepto que tenemos de lo que es una guerra. El ejército de un país democrático está (en teoría) respaldado por el pueblo a través del Parlamento, y las operaciones y las guerras sólo se llevan a cabo si dichas acciones son previamente aprobadas. Pero un ejército privado no está sujeto a estas decisiones democráticas. Esto significa que un país, teóricamente democrático, podría contratar los servicios de una de estas empresas, y en caso de que algo saliera mal, eludir toda responsabilidad internacional, ya que esos soldados no estarían actuando bajo bandera alguna. Además, los mercenarios, al no ser considerados como militares por no estar sujetos a un uniforme nacional, no se encuentran contemplados en la Convención de Ginebra. Esto significa que si son capturados, depende completamente de el enemigo considerarlos como prisioneros de guerra o no. Esto libra de toda responsabilidad al gobierno contratante porque no tiene el deber de responder por ellos ni de negociar su liberación. Evidentemente, los mercenarios que se introducen en este negocio saben a lo que se exponen, y esto a más de un gobierno le viene que ni pintado.

Los mercenarios de las empresas de seguridad, aumentan la complejidad propia de las guerras. Tanto los sistemas jurídicos como los protocolos internacionales encuentran dificultades con este tipo de combatientes. Por una parte contrario al nombre recurrente de “contratistas civiles”, ellos no son parte del sector civil, en tanto que son individuos armados y participan de las acciones militares, su condición no es la de civiles; sin embargo, estos contratistas no son parte de una unidad de mando de alguno de los ejércitos en contienda, de esta manera, no pueden ser tratados como militares. La cuestión que nos interesa aquí no es la de examinar sólo su estatus jurídico, sino también la de resaltar que el capital privado participa de la guerra, beneficiándose de ella sin asumir ningún tipo de responsabilidad política ni judicial. Los protocolos internacionales que exigen el respeto de los Derechos Humanos por parte de los bandos en conflicto no se aplican entonces a los “contratistas”, los cuales parecieran escapar a los Tribunales Internacionales o a la simple justicia ordinaria. De esta manera se crea un limbo en el cual no hay ningún tipo de control jurídico. El compromiso ético de estas empresas, e incluso su legitimidad internacional es motivo de fuertes debates. La transparencia de su capital, su forma de operar, las vinculaciones con ejércitos y gobiernos, así como la responsabilidad legal de sus efectivos, están siendo revisados y en muchos casos presentan inmensos vacíos legales, en relación con el derecho internacional.

Fuente: http://www.belt.es/expertos/experto.asp?id=2618